viernes, 21 de noviembre de 2008

Procuraduría General de la Nación, sanciona ejemplarmente a ex funcionarios de diferentes municipios del país


La Procuraduría General de la Nación, ordenó la destitución e inhabilidad por 20 años del ex alcalde del municipio de Montecristo, Arcelio Manuel Sánchez Rojas; su tesorero, Miguel de Jesús Jiménez Barragán y al ex concejal del municipio de Magangué Bolívar, Arquímedes Segundo García Romero, por incurrir en peculado por apropiación.

La Procuraduría consideró que los ex funcionarios incurrieron en falta disciplinaria gravísima a título de dolo, al participar en el manejo irregular de recursos del municipio de Montecristo, Bolívar, que de acuerdo con la ley penal se constituye en el delito de peculado por apropiación

En la misma decisión fue sancionada con destitución e inhabilidad en el cargo por el término de 16 años, la ex tesorera, Sugey Isabel, quien durante el periodo comprendido entre el 22 de junio de 2004 y el 11 de septiembre de 2005, fue conocedora de todas las irregularidades y siendo su deber legal no hizo nada para que las autoridades corrigieran el asunto.

Por otra parte, la procuraduría también destituyó e inhabilitó por 15 años al ex alcalde de Girón, Santander por incurrir en diversas irregularidades en el desarrollo de un proyecto que albergaría a las familias damnificadas por la tragedia invernal.

Así mismo, el mismo alcalde, omitió su labor de vigilancia sobre el proceso de selección y compra de tierras pues quedó plenamente demostrado que los predios adquiridos para desarrollar el proyecto urbanístico, con destino a los damnificados no acataban las especificaciones ordenadas en las disposiciones locales.

En otro proceso, también fue sancionada por la procuraduría a la tesorera de este municipio por participación en política, María Teresa Ayala de Jerez, con destitución e inhabilidad para ejercer el cargo por diez años.

La determinación fue asumida en fallo de primera instancia, al permitir la indebida utilización de un vehículo oficial adscrito al despacho del Alcalde de Girón, al emplearlo para el transporte de personas ajenas al servicio público, una de las cuales portaba una camiseta alusiva a una campaña política.

Por último, tinto caliente supo, que la procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años al ex alcalde de Pereira, Juan Manuel Arango Vélez, Por violar el principio de selección objetiva y por celebración irregular de contratos.

La Procuraduría aseguró que al desarrollar la actividad contractual con una empresa utilizando la figura del convenio interadministrativo para eludir los procesos establecidos en la Ley 80 de 1993, incurrió en una conducta descrita en el Código Penal como celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.

Consideró el ministerio público que el alcalde adicionalmente, desconoció el deber de cumplir y hacer cumplir la ley de contratación administrativa, afectando por esta vía sus deberes funcionales.

Consideró que el disciplinado, como ordenador del gasto y responsable de la dirección y manejo de la actividad contractual, tenía conocimiento y conciencia de la existencia de las anteriores disposiciones legales, que en materia de contratos en la administración pública hacen parte de sus principios rectores.

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